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La balsa minera de Aznalcóllar se rompió en 1998 |
Algo más de 14 años después de que se rompiese la balsa minera que disponía en Aznalcóllar la multinacional Boliden Apirsa, y una década después de que la Junta de Andalucía abriera juicio para reclamar a esta empresa los cerca de 90 millones de euros que costó la limpieza del desastre medioambiental, la causa vuelve a su origen judicial. La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha resuelto que el ente público andaluz habrá de dirigirse de nuevo al juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla -el mismo que se inhibió en 2002-, a quien devuelve el caso.
El 25 de abril de 1998 el vertido que produjo la rotura inundó el río Guadiamar y su ribera y llegó hasta los límites del Parque Nacional de Doñana. Quedaron afectadas unas 4.600 hectáreas y los trabajos realizados tras la catástrofe ecológica han dado lugar al Corredor Verde del Guadiamar. La limpieza del vertido de la mina se dividió en tres tramos: Entre el origen y el puente de Las Doblas, que pagó Boliden mediante un seguro contratado; entre el puente e Isla Mayor, que correspondió a la administración autonómica (y es lo que lleva 10 años intentando cobrar); y entre la localidad isleña y Entremuros, que ejecutó el Gobierno central.
El Tribunal Supremo ampara su decisión de devolver la causa en que se sitúa "en la órbita del derecho privado", no del público, por lo que según indica el auto "no existe imputación de daño a alguna administración pública, la pretensión está dirigida contra sujetos privados, y por lo tanto la materia controvertida es del conocimiento del orden jurisdiccional civil, está claramente sometida a las normas de Derecho Civil".
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